Analizamos la legalidad de actos y procedimientos administrativos que puedan afectar el desarrollo de los proyectos, garantizando que las operaciones se realicen dentro del marco normativo vigente y minimizando riesgos legales.

Paralelamente, defendemos a nuestros clientes ante controversias con entidades gubernamentales, incluyendo recursos administrativos, reclamaciones y procedimientos de inspección o auditoría. También asesoramos en la interpretación de normas complejas y en la negociación de condiciones con autoridades, buscando siempre proteger los intereses de nuestros clientes y facilitando la ejecución eficiente de los proyectos.