En una edición de la revista Consultoría, Enrique Prieto Flores, director general de Key Capital, advierte que México enfrenta una limitante estructural para financiar infraestructura, derivada del diseño actual del presupuesto público. En su artículo “Alternativas para financiar más infraestructura”, analiza el gasto federal y plantea mecanismos alternativos de financiamiento basados en experiencias internacionales.
Prieto señala que, hacia el cierre del sexenio, gran parte del Presupuesto de Egresos está comprometida en gasto corriente. “El presupuesto remanente para la tanta infraestructura que nos hace falta es muy poco, es insuficiente”, afirma. De los 9 billones de pesos proyectados para 2024, apenas el 2 % se destina a los proyectos prioritarios del gobierno federal, mientras que conceptos como pensiones, participaciones y deuda consumen más del 60 %.
Ante esta restricción fiscal, el autor propone optimizar el uso de la infraestructura existente y valorar adecuadamente su aprovechamiento. Cita como ejemplo los aeropuertos de la Zona Metropolitana del Valle de México: uno saturado (AICM) y otro subutilizado (AIFA). “Si el mercado está dispuesto a pagar más por usar el AICM, que lo pague y que el gobierno capture ese valor”, sugiere, mediante mecanismos como subastas genuinas para los slots de aterrizaje y despegue.
Prieto explica que estos esquemas, conocidos como “cargos por congestión”, ya se han implementado con éxito en infraestructuras como el Canal de Panamá y en ciudades como Londres, Singapur y Estocolmo. Además de mejorar el uso de la infraestructura, estos modelos permiten financiar nuevas alternativas de transporte y reducir el impacto negativo del tráfico.
En un contexto de restricciones presupuestales y resistencia a las reformas fiscales, Enrique Prieto subraya que “frente a un entorno de adversidad se tiene que ser creativo y estar abierto a probar otras alternativas”. Su análisis concluye que el verdadero reto no es únicamente construir más infraestructura, sino gestionar mejor la existente y desarrollar esquemas de financiamiento más sostenibles y equitativos.
